Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Regularització cadastral per satèl·lit a la Garrotxa

Posted by lejarza en 25 febrero, 2016


Regularització cadastral per satèl·lit a la Garrotxa

Argelaguer – Vall del Llierca

La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment perquè totes les construccions no declarades de cada municipi de la comarca de la Garrotxa, obres noves, rehabilitacions, i ampliacions, tributin per aquest impost d´acord amb la realitat dels seus immobles i la seva capacitat econòmica.

Des de 2013, són més d´un centenar els ajuntaments de les comarques de Girona que ja s´han acollit i que estan tramitant un nou IBI.

Al desembre de 2012, el Govern central va aprovar una mesura que permet als propietaris d´immobles amb característiques que no estan recollides en el cadastre regularitzar la seva situació a través del pagament d´una taxa de 60 euros i dels impostos com l´IBI i interessos de demora que s´hagin deixat d´abonar. En cas que no es faci en el temps de la regularització, les multes poden arribar a ser de fins a 6.000 euros.

El procediment de regularització cadastral té com a finalitat la incorporació al Cadastre Immobiliari dels béns immobles urbans i rústics amb construcció, així com de les alteracions de les seves característiques, en supòsits d´incompliment de l´obligació de declarar de forma completa i correcta les circumstàncies determinants d´una alta o modificació cadastral.

Aquesta actualització es porta a terme amb fotografies per satèl·lit, de manera que han vist si el propietari del terreny tenia construccions, de quants metres, si hi ha afegit una piscina, etc. Així detecten els canvis que han pogut desenvolupar els seus propietaris en els últims anys i han creuat les dades amb les que estaven disponibles al Cadastre.

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10 comentarios to “Regularització cadastral per satèl·lit a la Garrotxa”

  1. lejarza said

    CATASTRO Y FOTOGRAFíA AÉREA

    Entre el año 1923, cuando se autorizaba por primera vez en España la realización de ensayos de fotografía aérea con aplicación al catastro, y 1952, cuando por ley de 20 de diciembre se imponía definitivamente el régimen catastral sobre fotografía aérea para sustituir los planos topográfico-parcelarios, pasaron tres décadas en las que se irían salvando dificultades de todo orden para alcanzar este fin; de un lado las representadas por la escasez de medios técnicos y de personal debidamente formado; de otro, las derivadas del limitado entusiasmo con que algunos afrontaban la posibilidad de que el trabajo con la fotografía aérea pudiera sustituir, con la misma precisión como mínimo, a los trabajos catastrales por el procedimiento topográfico clásico; y, finalmente, las propiciadas por el nulo interés que para algunos (singularmente los grandes propietarios) tenía un sistema catastral que pudiera aunar fiabilidad y rapidez.

    De manera progresiva se irían dando a comienzos del siglo xx las condiciones que propiciarían la incorporación de la fotografía aérea a las labores catastrales. La ley de 1906 había implicado una reforma que consistía básicamente en la sustitución del sistema de derrama por cupos por el de cuota directa y la incorporación a tal efecto de un procedimiento de referencia espacial de la propiedad que sustituyera a los linderos literales de los amillaramientos; se trataba, por tanto, de realizar representaciones cartográficas a escala, para lo que era preciso disponer de una red geodésica de referencia y de cartografía, desde la básica nacional a los levantamientos topográficos de cada municipio y de cada parcela (Ferrer y Cruz, 1988). En efecto, la ley establecía que el catastro debería hacerse en dos fases consecutivas, una de Avance catastral, con levantamiento de los planos de los términos municipales, medición topográfica de pueblos y grandes masas de cultivos, y levantamiento de croquis a mano alzada de las parcelas, y otra para obtener el catastro topográfico parcelario.

    Se hacía necesario encontrar un sistema que permitiera aumentar el ritmo de los trabajos sin incrementar, no obstante, los medios disponibles, razón por la cual se optó por observar cuál era el procedimiento seguido en otros países, dándose la circunstancia de que la fotografía aérea se estaba empleando en los trabajos catastrales de Alemania, Suiza y, sobre todo, Francia. A este fin, por iniciativa de M. Villanueva, ministro de Hacienda, en 1923 se trasladó a Francia una comisión de ingenieros agrónomos para estudiar el sistema fotográfico que se había estado aplicando; a la vista del informe favorable emitido por la comisión, en septiembre del mismo año el Ministerio, de común acuerdo con el Instituto Geográfico, autorizó la realización de ensayos de fotografía aérea con aplicación al Catastro9. Esta circunstancia la recordaría García-Badell en uno de sus últimos trabajos, si bien apuntaba también que a pesar de la favorable acogida del informe y de la disposición que autorizaba los ensayos, «se tardó mucho en tomar una decisión, pues hasta agosto del año 1932 no se firmó la ley, en la que —al fin— se aceptaba aquella propuesta» (1968, p. 159). El favorable contenido del informe elaborado por la comisión y la rápida plasmación legal de las recomendaciones del mismo hicieron concebir esperanzas de una inmediata aplicación de la fotografía aérea a los trabajos catastrales en España, esperanzas que se verían rápidamente truncadas por los efectos, en el proceso iniciado, del golpe de Estado y de la dictadura (1923-1930). En efecto, la organización de campañas contra el Avance catastral, que habían culminado en un debate en las Cortes y en una asamblea de las Cámaras Agrícolas en la Asociación de Agricultores de España «en donde se le atacó duramente», no sería otra cosa que el preludio de la paralización de los trabajos (García-Badell, s. a., p. 67). En concreto, en 1925 se determinaba la interrupción de los trabajos del Avance y su sustitución por otros más perfectos que incluyeran levantamientos topográficos a escala 1:2.000 y comprobación de la titularidad, lo que suponía inevitablemente un mayor coste y una drástica disminución del ritmo de los trabajos11. Efectivamente, el período que media entre las leyes de 1925 y de 1932 constituiría la etapa del Catastro parcelario, con utilización como elemento gráfico de los planos topográfico-parcelarios del Instituto Geográfico y Catastral (rivero de Andrea, 1957).

    La ley de 6 de agosto de 1932, en la que por fin se ponían de acuerdo el Instituto Geográfico y los Servicios Catastrales del Ministerio de Hacienda, encargaba al Instituto, siempre que el Ministerio de Hacienda lo considerara oportuno, la realización de los planos topográficos detallados de las zonas más ricas del país (Ferrer y Cruz, 1988). Pero lo más significativo es que la ley retomaba la idea de catastro por fotogrametría aérea, disponiendo que se sustituyeran los croquis del Avance por el empleo de fotografía aérea: «[…] la identificación de las parcelas y subparcelas agrícolas y forestales en el período de avance catastral […] se realizará, en su caso, sobre las copias de las fotografías aéreas del terreno obtenidas desde el aire» (artículo 5). Se iniciaba así, según rivero de Andrea (1957), una tercera etapa, la de «nuevos catastros sobre fotografía, que se prolongaría hasta 1955, en la que la imagen aérea se convertiría en el principal elemento gráfico para la formación del Catastro». Las razones que propiciaron la incorporación de la fotografía aérea a los trabajos catastrales no dejaban de ser «de fuerza mayor»: […] como se puede deducir de lo que venimos exponiendo, en el año 1932 se encontraba el Servicio del Catastro con que no disponía de presupuesto para levantamientos cartográficos de precisión en las cuantías que anualmente se necesitaban, y que por otro lado los levantamientos de croquis «a mano alzada» resultaban ya en aquella fecha mucho más caros que los antiguos. Fue por esta causa que la ley de dicho año dispuso el empleo de las ampliaciones fotográficas aéreas, en sustitución de aquellos croquis, durante el período del Avance catastral, con lo cual se aceptaba nuestra propuesta. (García-Badell, 1968, p. 161) Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda autorizaba por ley a abrir concursos entre las empresas nacionales para que facilitaran las fotografías a los servicios del Estado en las condiciones que se estipularan, circunstancia que suponía para cetFa la posibilidad de incorporarse de manera definitiva a los trabajos catastrales:

    Por la presidencia y el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas necesarias a fin de utilizar la fotografía aérea para los cometidos que interesan a la Dirección General de Contribución Territorial y a la del Instituto Geográfico y Catastral y de Estadística, quedando autorizado el Ministerio de Hacienda para abrir concurso entre Empresas nacionales que faciliten fotografías en las condiciones que se requiere. (Artículo 6) Sin embargo, tal posibilidad quedaba cercenada desde el momento en el que, por decreto de 15 de febrero de 1933, el Estado renunciaba a la posibilidad de abrir concursos entre las empresas nacionales, estableciéndose que las fotografías serían obtenidas por la Dirección General de Aeronáutica, en tanto que el Instituto Geográfico se ocuparía del levantamiento de los planos y la Dirección General de Propiedades de la valoración (Pro, 1992, p. 316).

    Se estableció que la Dirección General de Aeronáutica efectuara todas las operaciones referentes a los vuelos, obtención de fotografías y formación de mosaicos, para lo cual se organizó un Servicio de Fotografía Aérea formado por una jefatura y tres equipos de campo, en cada uno de los cuales se incluía un fotógrafo. Los tres equipos comenzaron sus trabajos el 13 de octubre de 1933 en la provincia de Guadalajara, y en 1934 uno se mantuvo en Guadalajara y los otros dos se trasladaron a Burgos para, a partir de julio, ser destinado uno de éstos a Soria y posteriormente a Salamanca, completando así el objetivo de cubrir los dos millones de has que fijaba el decreto (Anuario Español de Aeronáutica, 1934-1935). Los resultados obtenidos fueron tan favorables que llevaron a García-Badell (s. a., p. 82), por otro lado decidido partidario del sistema fotográfico, a afirmar que «la práctica demostró que esta cifra anual [2.000.000 ha] podía obtenerse fotográficamente […] y que, por lo tanto, podían ser terminados [los trabajos del Avance] en toda España en el plazo de 10 años». Los primeros trabajos (polígonos de Cifuentes y Anchuela del Campo, en Guadalajara) se volaron a escalas que oscilaban entre 1:10.000 y 1:12.000, por haber sido fijada inicialmente la escala de las ampliaciones en 1:5.000. Sin embargo, el examen de estos primeros trabajos mostró que en los casos de gran fragmentación parcelaria se hacían difíciles las labores de planimetría, por lo que se optó por fijar en 1:7.000 la escala directa de las fotografías para poder realizar ampliaciones a 1:2.500, sin que ello afectara a la nitidez de las imágenes. A las 2.070.000 ha voladas al acabar el año 1934, estaba previsto añadir en 1935 otras 2.300.000, repartidas entre Cáceres, Salamanca, Zamora, Soria, Zaragoza, Palencia, Huesca y Cuenca. Las previsiones optimistas en lo tocante al avance de los trabajos catastrales se verían truncadas tras la victoria de la derecha en las elecciones de 1934, con la disposición por decreto de 31 de agosto del mismo año de la interrupción del proceso, dando una nueva orientación a la ley de 1932, poniendo en marcha de nuevo el Catastro por masas de cultivos que, con ligeras modificaciones, recogía lo dispuesto en la ley de 1900. Tal y como recordaba García-Badell (s. f., p. 83), […] cuando puede decirse que empezaba la aplicación de la ley de 1932, que empezó a ponerse en práctica en agosto de 1933, un decreto de 31 de agosto de 1934 y las órdenes ministeriales de 5 y 19 de septiembre del mismo año, en desacuerdo con su espíritu, daban una nueva orientación al Catastro. Llamamos nueva orientación a lo que, en realidad, es volver al método desechado por antiguo e ineficaz del Catastro de masas de cultivo. Con todo, el decreto establecía la «utilización de fotografías aéreas como base de los trabajos», disponiendo la orden de 5 de septiembre de 1934, entre otras cosas, que las fotos se adjudicarían por concurso (según establecía la ley de 1932), que su utilizarían las fotos de la Confederación hidrográfica del Ebro (artículo 6) y que se redactaría una memoria de los trabajos realizados hasta la fecha con todo detalle (artículo 7).

  2. lejarza said

    La Direcció General del Cadastre fa una inspecció a Sant Joan les Fonts

    08.04.2016

    SANT JOAN LES FONTS | X. V.

    La Direcció General del Cadastre ha començat una acció de regularització cadastral a Sant Joan les Fonts. L’empresa Treballs Tècnics Territorials -contractada pel Cadastre- des de fa uns dies fotografia i pren dades tècniques dels immobles i les finques del poble. Ho fan des de l’exterior amb una màquina fotogràfica i un mapa,

    A més de la presa de dades exteriors, la inspecció també contempla fotografies aeries i el repàs de documents posats a Internet com el Catàleg de Masies.

    La inspecció és per regularitzar obres d’ampliació i canvis d’ús. Per exemple, canvis d’usos de baixos declarats com a garatges o elevacions d’immobles amb més pisos. En l’àmbit rural, contempla l’adequació d’edificis declarats per utilitats agrícoles i -en canvi- d’ús residencial. En aquests casos declaren les piscines i els edificis annexes.

    Un cop la regularització estigui feta, el Cadastre farà arribar una notificació de les novetats detectades als afectats. En base a la notificació, els afectats tenen un termini per presentar al·legacions.

    En alguns casos les al·legacions han d’anar acompanyades d’un informe avalat per un tècnic. El procés de regularització, amb al·legacions incloses, durarà tot el 2016.

    Els efectes de la regularitzció són retroactius en un termini de 4 anys. És a dir, si un canvi d’ús o una ampliació no consten a les dades cadastrals, el propietari haurà de pagar la diferència de 4 anys.

    A partir del 2017, la regularització s’ha de notar als rebuts de l’Impost de Béns Immobles.

    A l’estiu, van fer una regularització cadastral a les masies i cases de la perifèria d’Olot. Va haver-hi veïns de Batet de la Serra que es van queixar i van demanar orientació legal a l’Ajuntament.

  3. lejarza said

    Sant Joan les Fonts ofereix ajuda als veïns afectats per la revisió del Cadastre

    SANT JOAN LES FONTS | DDG L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha ofert ajut dels seus serveis tècnics als veïns que necessitin al·legar contra els resultats de la regularització que fa la Direcció General del Cadastre.

    Fonts de l’Ajuntament han indicat que, un cop acabada la regularització, els veïns que hagin tingut canvis al registre rebran un notificació.

    Per exemple, si en el moment d’una inspecció aèria algú tenia un toldo estès i li han comptat com un porxo, doncs li caldrà demostrar que en realitat és un toldo.

    En casos com aquests haurà d’aportar una fotografia i un document tècnic que l’Ajuntament s’ofereix a fer. Les mateixes fonts han indicat que el més segur és que els serveis tècnics hauran de fer atencions matí i tarda. No preveuen una ampliació de personal.

    L’Ajuntament ha repartit un comunicat per les cases, explicant que es posen al dia les edificacions que el propietari no hagi declarat al Cadastre.

    I precisa que «són les que han sofert algun tipus de reforma, ampliació o canvis d’ús». Indica que els propietaris amb reformes, ampliacions o canvis d’ús sense declarar hauran de pagar una taxa de 60 euros i la liquidació complementària amb caràcter retroactiu de fins a 4 anys.

    En la mateixa situació, es trobarà qui hagi fet una ampliació i no l’hagi declarada.

    El comunicat també exposa que els immobles rústics s’incorporaran per primera vegada al Cadastre.

    Es tracta de les granges i els cobert agrícoles o ramaders. Aquestes construccions no hauran de pagar la taxa de 60 € i la liquidació complementària, però a partir d’ara tributaran.

    Tots els propietaris afectats per la regularització rebran una notificació i tindran 15 dies per presentar al·legacions.

    Poden presentar una instància de desacord i un recurs documentat. Si no s’han documentat inconvenients, la proposta esdevindrà efectiva i la liquidació dels quatre anys i la taxa es faran efectives.

    Un cop els propietaris hagin rebut la notificació podran consultar la web http://www.sedecadastro.gob.es, ja que tindran un codi per verificar dades.

  4. lejarza said

    ERC porta al Senat el canvi cadastral que afecta el sòl rústic

    GIRONA | DDG

    Esquerra Republicana ha portat fins al Senat la problemàtica per la regularització cadastral impulsada per l’Estat espanyol, que equipara la valoració de les construccions i les edificacions en sòl rústic amb les dels valors urbans. La formació republicana ha presentat una moció en la qual denuncia aquesta situació «poc ajustada a la realitat». Els senadors d’ERC per Girona, Jordi Martí i Quim Ayats, amb la diputada del partit al Congrés, Teresa Jordà, van tenir una reunió amb els representants gironins del sindicat Unió de Pagesos per conèixer, de primera mà, aquesta situació. En la trobada, els representants del sindicat agrari van explicar els greuges que els està suposant aquest «tracte injust».
    Martí va destacar: «Tenim clar i així també ens ho han corroborat des d’Unió de Pagesos que la nova valoració que ha impulsat l’Estat no està ajustada a la realitat». De la mateixa manera, Ayats va insistir en el fet que «aquesta regularització cadastral està perjudicant i penalitzant greument les explotacions agràries perquè situa el patrimoni en un valor irreal pel que fa al pagament d’impostos». ERC, a part de reclamar una ponència sobre la qüestió del cadastre, també demana aplicar coeficients reductors per corregir la valoració cadastral excessiva.

  5. juan said

    Girona va ser pionera en cartografia des d’un avió, molt abans que Google Earth

    L’empresa Pòlux va iniciar a l’Estat la confecció d’ortofotomapes, fotografies aèries rectificades, inèdites a l’època

    13.05.2016

    GIRONA | DDG L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha completat l’escanejat de 336 ortofotomapes amb toponímia de les comarques gironines -265 a escala 1:5.000 i 71, a escala 1:10.000-, una part del llegat de l’empresa Pòlux, pionera en el l’ús d’aquesta tècnica als anys 70.
    Pòlux va ser una empresa privada que va començar a editar un producte cartogràfic inèdit en aquella època: dues sèries cartogràfiques de Girona en ortofotomapes. Tot i que actualment la cartografia d’imatge és molt utilitzada per la popularització de productes com Google Earth, fa uns anys només s’utilitzava en sectors professionals específics.

    Els ortofotomapes són fotografies aèries rectificades, per la qual cosa adquireixen les característiques d’un mapa, amb una tècnica que permet reduir el seu temps de confecció. Les imatges de l’empresa Pòlux estaven impreses en paper fotogràfic.
    Aquest producte es va complementar amb una acurada recerca toponímica de les comarques gironines, recollida a partir de fons bibliogràfics i mitjançant treball de camp, feina per a la qual Pòlux va comptar amb un bon nombre de col·laboradors i amb l’ajut del llavors Col·legi Universitari de Girona, l’embrió de la Universitat de Girona. Aquest treball es va publicar el 1982 en forma de llibre amb el títol Toponímia del Gironès.
    Cal recordar que un dels propietaris de Pòlux va ser el cartògraf, aparellador, polític i activista cultural Ricard Masó, impulsor també del Premi Prudenci Bertrana de literatura en català, encara en plena dictadura.
    Gràcies a contribucions com la de Pòlux, bona part de les comarques gironines comptava amb dues sèries d’ortofotomapes a la dècada dels 70, quan la resta del territori va haver d’esperar encara 10 anys.
    Cap al 1980, el llavors Institut Cartogràfic de Catalunya va dur a terme la sèrie de Catalunya a escala 1:5.000, que l’ICGC continua actualitzant avui en dia en format digital.
    L’any 1999, l’Institut Cartogràfic de Catalunya va adquirir un fons de Pòlux format per fotografies aèries, clixés d’ortofotomapes i ortofotografies amb toponímia.
    Són aquestes últimes les que han estat digitalitzades i penjades a la pàgina web de la Cartoteca Digital, de manera que poden ser descarregades en alta resolució i de manera gratuïta pels usuaris.

    Modest Prats, col·laborador
    Per a l’estudi de la toponímia va ser indispensable efectuar diverses campanyes de recollida de noms de lloc sobre el terreny. Les van portar a terme Jordi Carreras de Cabrera, Joaquima Massegur i Rabasseda, Miquel Murlà i Franch, Mercè Padrosa i Juanola, Neus Parramon i Lleixà i Montserrat Terradas i Batlle.
    Tant els topònims extrets de documentació bibliogràfica secundària, com els recollits a peu de camí, van passar pel sedàs filològic de Modest Prats i Domingo ajudat per Salomó Marquès i Sureda.
    Va ser una col·laboració primerenca entre empresa i universitat, representada aquesta pel jove Col·legi Universitari de Girona, el qual va esdevenir, anys a venir, la Universitat de Girona.

  6. lejarza said

    El Catastro descubre 1,7 millones de construcciones irregulares vía satélite

    Más de 4.300 Ayuntamientos ya han regularizado inmuebles. La recaudación por IBI ha subido en 1.254 millones por este motivo

    Jesús Sérvulo González

    Unos 6.331 Ayuntamientos han recurrido al Catastro, el organismo que registra las características de todos los inmuebles, para descubrir las construcciones irregulares que los ciudadanos no han declarado y por las que deberían pagar los correspondientes impuestos (IBI, plusvalías…). Hasta la fecha este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha contribuido a regularizar a partir de las imágenes obtenidas con satélites y otras fotos aéreas 1,7 millones de edificaciones de más de 4.300 consistorios. El proceso extraordinario de regularización catastral se abrió en 2013, cuando el Gobierno permitió legalizar las construcciones a cambio de una tasa de 60 euros. Desde entonces, la recaudación del IBI ha subido en 1.254 millones.

    La mayor parte de las construcciones irregulares son ampliaciones de viviendas, cerramientos de terrazas, techados de áticos, construcciones suplementarias a la vivienda principal, metros ganados al jardín o al chalé y piscinas que no estaban declaradas en los correspondientes Ayuntamientos. La estadística del Catastro muestra curiosidades como que Barcelona y Granada son las dos provincias españolas donde más piscinas irregulares han aflorado con mucha diferencia tras la regularización y que en Almería, Granada, Huesca, Albacete y Ourense es donde más nuevas construcciones se han encontrado.

    El 31 de diciembre termina el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización catastral que se inició en 2013 y el 78% de todos los Ayuntamientos de España ya ha iniciado el proceso de revisión. El Gobierno del PP introdujo una enmienda a los Presupuestos de ese año para permitir esta especie de amnistía inmobiliaria. Los contribuyentes legalizaban sus inmuebles mediante el pago de solo 60 euros. La medida fue tachada de injusta por la oposición porque cuesta lo mismo regularizar la ampliación de una granja que un chalé de lujo en Marbella.

    Desde entonces, 6.331 municipios han pedido ayuda al Catastro para trazar un preciso mapa de las construcciones de su municipio. Y hasta la semana pasada 4.340 Ayuntamientos ya habían cerrado el proceso y regularizado 1.691.000 construcciones ilegales.

    Tasa de 60 euros

    A través de fotografías aéreas o imágenes tomadas por satélites, el organismo dependiente de Hacienda comprueba las modificaciones que presentan los inmuebles. Traslada la información al Consistorio y envía una notificación al ciudadano para que regularice la situación de su vivienda mediante el pago de 60 euros. Estas construcciones son irregulares, porque no están registradas ante el Catastro, pero tienen que cumplir las normas urbanísticas de cada municipio.

    De esta forma, se evitan abusos y que se puedan legalizar viviendas que no cumplen con la normativa. Por eso, la Cañada Real Galiana en Madrid, en la que hay unas 40.000 infraviviendas, no está afectada por este proceso de regularización catastral.

    Este proceso aumenta los ingresos del municipio a través de la tasa de 60 euros para regularizar y mediante el mayor valor del inmueble, al computar más metros, a efectos de calcular el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Además, los Consistorios podrán reclamar la parte correspondiente del impuesto, por esta superficie construida que ha descubierto, de los cuatro últimos años que no están prescritos.

    Ceuta, Málaga, Vigo, Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Lugo son las provincias con un mayor porcentaje de edificaciones urbanas y rústicas verificadas por el Catastro. Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Palencia y Badajoz también presentan un índice de comprobación superior al 70%, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda. El registro de inmuebles de cada municipio se ha incrementado un 3% de media tras finalizar el proceso, que ha permitido a los Ayuntamientos recaudar 1.254 millones de euros más en el IBI, según cálculos de Hacienda.

    Precisamente este impuesto es el más importante para las entidades locales. El último dato disponible, de 2014, muestra que la recaudación por este tributo, que se ha duplicado en la última década, supuso ya casi el 40% de los ingresos impositivos de las 8.200 entidades locales españolas. El IBI es el único tributo del sistema fiscal español cuya recaudación ha crecido durante todos los años, incluso durante los peores momentos de la crisis.

    En 2014, los Ayuntamientos cosecharon más de 13.225 millones de euros por este tributo que grava la propiedad de inmuebles urbanos, un 6,1% más que el año anterior. De hecho, las Administraciones locales son las únicas que registran superávit presupuestario desde 2012 gracias a la potencia y regularidad de este impuesto.

    Madrid y Barcelona también revisan

    L. COSTANTINI / C. BLANCHAR

    La capital fue incluida en el plan de regularización el pasado mes de septiembre, aunque el procedimiento comenzó oficialmente en abril y durará un año. El plan incluye una inspección de los edificios de la ciudad y prevé sanciones en el caso de hallar actuaciones ilegales. Los vecinos pueden, sin embargo, notificar actuaciones pasadas sin que les imponga sanción alguna por no haberlo hecho antes (aunque tendrán que abonar una tasa de 60 euros).

    La Concejalía de Hacienda rastrea también aquellos inmuebles que aún no están regularizados y por tanto no abonan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). También pasarán por el control del Ayuntamiento los inmuebles que se han construido en terrenos no urbanos, o las obras que contaban con licencia municipal pero fueron mucho más allá de lo permitido. Piscinas, trasteros, cerramientos de terrazas y hasta garajes irregulares, todo será examinado, regularizado y, si se detectan irregularidades, sancionado.

    En septiembre, el gobierno municipal señaló que su acuerdo con la Dirección General del Catastro había permitido desde 2004 (con la llegada a la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón, del PP) regularizar más de 137.000 inmuebles que no figuraban correctamente o habían sido omitidos (es decir, que no pagaban el IBI correspondiente).

    En Barcelona, el Ayuntamiento solicitó al Catastro de Cataluña el inicio de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de los valores catastrales para Barcelona, porque la última revisión en la ciudad se hizo en 2001. El objetivo de esta revisión de los valores, vigentes desde 2002, es poder actualizar los valores de los inmuebles de la ciudad que el Ministerio de Hacienda fija en función del valor del suelo y la construcción.

    El resultado, indican fuentes municipales, “debe permitir al Ayuntamiento poder aplicar un impuesto de bienes inmuebles más justo y ajustado a la realidad y practicar una política fiscal más redistributiva, manteniendo los volúmenes de recaudación globales”.

    “La necesidad de hacerlo parte de la premisa y la constatación de que ni la revalorización de las viviendas en los años de la burbuja inmobiliaria ni el posterior impacto de la crisis han sido homogéneos para todos los barrios de la ciudad y sí ha sido el mismo el incremento del recibo”, afirman fuentes municipales, que insisten en que el objetivo “no es recaudar más con el IBI sino reequilibrar lo que pagan los ciudadanos, estableciendo una fiscalidad más justa y equitativa que con las familias de los barrios más castigados por la crisis”.

  7. lejarza said

    El Ministerio de Hacienda ya explicaba el procedimiento de regularización catastral hace casi 3 años en su página web, y advertía que “se desarrollará entre 2013 y 2016 en todo el territorio nacional” y a continuación explicaba que “es uno de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral. Su finalidad es garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad”

    Pues bien, tras más de dos años y medio de rastreo por satélite de buena parte de la geografía de España, aquí está la sorpresa: Hacienda ha detectado más de 1,6 millones de inmuebles cuyo valor no aparecía convenientemente reflejado en el catastro.

    Alegría para las arcas del estado

    Hasta cierto punto, es una buena noticia para el Estado, aunque sea en términos puramente recaudatorios: Al actualizar el valor de este elevado número de propiedades, la recaudación del impuesto de bienes inmuebles (IBI) se ha visto incrementada en 1.206 millones de euros, según datos del propio Ministerio de Hacienda.

    La mayor parte de las construcciones irregulares son ampliaciones de viviendas, cerramientos de terrazas, techados de áticos, construcciones suplementarias a la vivienda principal, metros ganados al jardín o al chalé y piscinas que no estaban declaradas en los correspondientes Ayuntamientos. La estadística del Catastro muestra curiosidades como que Barcelona y Granada son las dos provincias españolas donde más piscinas irregulares han aflorado con mucha diferencia tras la regularización, según informa el diario ‘El País’.
    El registro de inmuebles de cada municipio se ha incrementado un 3% de media tras finalizar el proceso, que ha permitido a los Ayuntamientos recaudar 1.254 millones de euros más en el IBI, según cálculos de Hacienda. Precisamente este impuesto es el más importante para las entidades locales. El último dato disponible, de 2014, muestra que la recaudación por este tributo, que se ha duplicado en la última década, supuso ya casi el 40% de los ingresos impositivos de las 8.200 entidades locales españolas. El IBI es el único tributo del sistema fiscal español cuya recaudación ha crecido durante todos los años, incluso durante los peores momentos de la crisis.

    En cuanto a las sanciones por los supuestos fraudes, hay que señalar que la regularización de estas propiedades, con el consiguiente aumento de su valor catastral, no conlleva multas para las construcciones ilegales (en este plan Hacienda sólo analiza si el valor declarado es el correcto; la posibilidad de legalización de las obras realizadas o del inmueble es un proceso que corresponde a cada ayuntamiento). Sin embargo, todos los propietarios cazados han tenido que abonar una tasa de 60 euros –con la que se financia el programa, explica desde el ministerio–, así como pagar el IBI recalculado con el incremento del valor del inmueble, además de los atrasos por como máximo los cuatro años anteriores, tal como recoge el diario ‘La Vanguardia’.

    La misma fuente indica que “los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda se corresponden a las viviendas de 4.154 municipios, donde ha finalizado el proceso de regularización catastral. Mientras otros 2.177 están en proceso de comprobación o a la espera de que se inicie la inspección. Esta bolsa de más de 6.300 municipios supone el 83% de las localidades de España y un porcentaje similar del total del parque de inmuebles. Fuentes del fisco recuerdan que este plan de regularización catastral, asistido por imágenes aéreas y de satélites, equivale “décadas” de trabajo ordinario de inspectores”.

    El 31 de diciembre termina el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización catastral que se inició en 2013 y el 78% de todos los Ayuntamientos de España ya ha iniciado el proceso de revisión.

  8. lejarza said

    Hisenda revisarà els valors cadastrals de 73 municipis de la província de Girona
    Aquesta actualització, que pot ser tant a l’alça com a la baixa, es farà efectiva a partir del proper 1 de gener del 2017
    06.10.2016

    GIRONA | P.E. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha aprovat la revisió dels valors cadastrals de 73 municipis de la província de Girona. Tal com ha publicat el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), aquesta actualització es farà efectiva a partir del proper 1 de gener de l’any 2017. La revisió forma part d’una iniciativa, en àmbit de tot l’Estat, que es fa seguint l’índex de referència de la Llei de Pressupostos del Govern espanyol. Es tracta d’una actualització que es porta a terme perquè totes les construccions no declarades de les poblacions tributin aquest impost i es revisin -tant a l’alça com a la baixa- els ingressos que procedeixen de cada finca, d’acord amb la realitat dels immobles i la seva capacitat econòmica.

    De fet, segons exposa el BOE, els mateixos ajuntaments inclosos en la revisió són els que han dirigit una petició a la Direcció General del Cadastre per demanar una actualització dels percentatges de referència. Hisenda ha acceptat cada revalorització una vegada ha confirmat que es complien tots els requisits sol·licitats. En concret, els consistoris han de complir tres condicions. La primera és que l’últim procediment de valorització ha de tenir més de cinc anys de vigència; per tant, com a mínim, ha de ser anterior al 2012.

    A la província de Girona es troben casos de força antiguitat, en els quals l’any de referència dels valors cadastrals -tal com apunta el BOE- és de fa dues o tres dècades. Dels 73 municipis gironins afectats, Celrà és el més antic (l’any de referència és el 1985). En els casos d’Anglès, Cadaqués, Cornellà del Terri, Das i Puigcerdà, el darrer procediment de valorització és del 1986. A Cervià de Ter, la Vall de Bianya, Montagut i Oix, Quart, Sant Jaume de Llierca, Sant Pau de Segúries i Santa Pau l’any de referència és el 1987, mentre que a Sant Hilari Sacalm el 1988. Així mateix, l’últim procediment de valorització de més de trenta de les poblacions gironines afectades en aquesta revisió és del 1989.
    Diferències substancials
    Pel que fa als altres requisits que ha fixat Hisenda, la segona condició que han de complir els ajuntaments és que en les xifres es posin de manifest “diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de base” en l’anterior revisió dels valors cadastrals. La tercera condició és que els consistoris interessats havien de presentar a la Direcció General del Cadastre la petició de l’actualització abans del passat 31 de maig.
    Una de les opcions dels ajuntaments és apostar per revisar els valors cadastrals a l’alça, amb la intenció d’augmentar els ingressos procedents de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI), que actualment és una de les fonts principals de finançament. Ara bé, els consistoris també poden fer una actualització a la baixa, per reduir la càrrega financera als veïns de les localitats on es farà la revisió. Els resultats ja s’aplicaran d’aquí a tres mesos, a partir de l’1 de gener de l’any vinent.

  9. lejarza said

    TÍTULO: Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General del
    Catastro, por la que se determinan municipios y período de aplicación del
    procedimiento de regularización catastral.
    REGISTRO NORM@DOC: 52813 BOMEH: 1/2017 PUBLICADO EN: BOE n.º
    315, de 30 de diciembre de 2016. Disponible en: VIGENCIA: DEPARTAMENTO
    EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública ANÁLISIS JURÍDICO:
    MATERIAS: Valor catastral
    TEXTO
    De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del texto
    refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
    1/2004, de 5 de marzo (BOE número 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.1 del Real
    Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
    básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (BOE número 24, de
    28 de enero), esta Dirección General resuelve: El procedimiento de regularización
    catastral será de aplicación, desde el día siguiente a la publicación de esta resolución
    en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta el 30 de noviembre de 2017, en los
    siguientes municipios del ámbito territorial de las Gerencias Regionales y
    Territoriales del Catastro.
    Gerencia Territorial de Girona
    Alp, Argelaguer, Beuda, Bolvir, Borrassà, Boadella i les Escaules, Cruïlles-Monells
    i Sant Sadurní de l’Heura, Flaçà, Lloret de Mar, Meranges, Maçanet de la Selva,
    Palafrugell, Parlavà, La Pera, Puigcerdà, Sales de Llierca, Sant Miquel de Fluvià,
    Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Ultramort, Ullastret, Vallfogona de Ripollès,
    Vidreres, Viladasens, Vilajuïga, Vilallonga de Ter, Vilamaniscle, Vilanant.

  10. lejarza said

    Hisenda identifica a Girona unes 25.000 edificacions no declarades

    El Cadastre ha destapat una mitjana de 323 immobles per municipi a les comarques gironines ?Entre Figueres i Sant Feliu de Guíxols, amb més de 2.700 regularitzacions cadascun, ja sumen un 22 per cent de les noves construccions detectades

    jesús badenes 16.04.2017

    El procés de regularització cadastral iniciat el 2013 per descobrir béns immobles ocults i incorporar-los a la tributació està tenint efectes molt desiguals a les comunitats autònomes, la qual cosa reflecteix també d’alguna manera el nivell de control i disciplina urbanística amb què operen els respectius ajuntaments. Els resultats de l’anomenat cop de cadastre són molt dispars. A les comarques gironines es van detectar 24.899 habitatges. Entre Figueres i Sant Feliu de Guíxols, amb més de 2.700 regularitzacions cadascun, ja sumen un 22% de les noves construccions detectades. Mentre en el conjunt d’Espanya els inspectors detecten com a mitjana 499 béns ocults per ajuntament, en el cas de Girona es troben una mica per sota, concretament 323 immobles per municipi. Per contra, en comunitats com La Rioja, Aragó o Castella i Lleó no se n’identifiquen més de 150 per ajuntament.

    Fa ja quatre anys, el Ministeri d’Hisenda va emprendre una campanya especial de rastreig per descobrir noves construccions, ampliacions, rehabilitacions, canvis d’ús, naus agràries i fins i tot piscines que estaven sense declarar i per les quals els propietaris no pagaven cap tributació, ja que escapaven al control municipal i no se’ls aplicava l’IBI. Però una vegada descoberts mitjançant inspeccions oculars i fotografies aèries, el Cadastre els incorpora al seu registre perquè d’ara endavant estiguin subjectes a l’abonament de l’IBI, deixant en mans dels municipis si volen aplicar o no una multa per edificar sense llicència. El procediment és el següent: després d’identificar-se la nova construcció o el canvi d’ús, el propietari rep una carta del Ministeri d’Hisenda informant-lo del seu descobriment, al mateix temps que se li trasllada que haurà de pagar una taxa de 60 euros per regularitzar-lo. A l’any següent s’actualitzarà el rebut que paga per l’IBI incorporant les propietats per les quals fins ara no tributava. I a més queden obligats a abonar els endarreriments –uns 286 euros de mitjana.

    Segons el balanç detallat difós aquesta setmana per la Direcció General del Cadastre amb els resultats obtinguts en 2.877 ajuntaments de tot Espanya, en total els inspectors han destapat gairebé 1,5 milions d’immobles sense declarar, dels quals 1,126 milions són béns urbans i la resta, una mica més de 310.000, de naturalesa rústica. Per cada municipi es van descobrir de mitjana 499 béns ocults, però mostrant grans diferències segons la comunitat de què es tracti. Les autonomies amb més irregularitats són Múrcia, amb 1.917 immobles detectats per municipi, i Canàries, amb 1.338, que superen Galícia, que se situa en 1.172 noves construccions. A l’extrem oposat hi ha La Rioja amb 87, Castella i Lleó amb 129 i l’Aragó amb 149.

    En termes absoluts, el nombre més alt de béns ocults sense declarar es va trobar a Andalusia, amb més de 270.000, seguida de Catalunya, amb 109.028. Darrere seu ja apareix Galícia i València, amb 105.271.

    A Catalunya s’han analitzat 364 municipis amb un resultat de 109.028 noves construccions, fet que dona una mitjana de 299 per cada municipi, molt per sota de la mitjana espanyola de 499. En el cas català destaca que un 10% de les regularitzacions són piscines, de manera que se situa com a tercera comunitat darrere de Múrcia i les Illes Balears i seguida molt a prop de València. Dels més de 109.000 immobles descoberts a Catalunya, un 30,93% corresponen a noves construccions, un 33,67% a ampliacions i rehabilitacions, mentre que un 25,19% són reformes o canvis d’ús.

    Pel que fa a Girona, s’han revisat 77 municipis, on s’han detectat 24.899 immobles nous, 23.111 dels quals són immobles urbans, i prop de 1.800 són en terreny rústic. D’aquests gairebé 25.000 habitatges, un 49% són ampliacions i rehabilitacions i un 27% són noves construccions. Les poblacions amb més immobles regulartitzats són Figueres i Sant Feliu de Guíxols amb 2.761 i 2.760 immobles detectats. Castelló d’Empúries, Calonge, Olot i Caldes de Malavella van a continuació en el rànquing amb més de 1.000 regularitzacions. Entre les primers poblacions es troben molts nuclis de la costa. Malgrat això, els pobles amb més percentatges de piscines regularitzades es troben a l’interior i habitualment en zones d’urbanitzacions, com Sant Julià de Ramis, amb un 38%, Riells i Viabrea amb un 26% i Vilafant amb un 24%.

    Llambilles, Palau-sator, Fontanilles, Mollet de Peralada i la Tallada d’Emporda són els municipis on més noves construccions s’han detectat en percentatge. En el cas de Llambilles arriben fins a un 75% més de noves edificacions ocultes al Cadastre.

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